Al reducírsele a casi la mitad el presupuesto del año que viene, la Junta Central Electoral se verá compelida a suspender los servicios que ofrece a los dominicanos residentes en el exterior y otros que se realizan en el país.

Entre los programas que sufrirán el impacto de este fuerte recorte presupuestal está el de la captura de datos biométricos, proceso que antecede al de la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, así como la recepción y manejo de declaraciones tardías.

Todos estos servicios están vinculados al rol que debe jugar la JCE como responsable del sistema de identidad nacional y del registro civil, básicos para su otro campo de responsabilidad: el de organizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales y velar porque los partidos políticos cumplan las normas que regulan su accionar.

Por tanto, al bajarle de 4,549 millones de pesos, como solicitó, a 2,648.3 millones, que es la cantidad que figura en el proyecto de presupuesto que entrará esta semana al Congreso, la JCE queda prácticamente atada de manos para darle continuidad a una serie de procesos conectados entre sí, que están llamados a fortalecer todo el esquema de identidad ciudadana y para disponer del personal suficiente y competente que tiene que ver con reclamaciones y asuntos contenciosos que debe canalizarle al Tribunal Superior Electoral.

Quienes van a sentirse perjudicados, de entrada, serán los dominicanos que viven en el exterior, ya que en las distintas oficinas de servicios que tiene la JCE en muchas grandes ciudades de Estados Unidos y Europa, para asistir prontamente a los criollos que buscan renovar u obtener documentos legales, el personal será despedido y las puertas serán cerradas.

Un retroceso, puro y simple.