Construyendo el futuro en la región

A medida que América Latina y el Caribe comienzan a dejar atrás seis años de desaceleración económica, incluidos dos de recesión, es imprescindible hallar la manera de estimular y fortalecer esta incipiente recuperación.

El crecimiento económico fue el factor central detrás de las notables conquistas sociales y económicas de la región en los últimos diez años, período en el que América Latina redujo la pobreza extrema a la mitad, recortó la desigualdad de manera significativa y amplió considerablemente su clase media. Pero ya no disfrutamos de las condiciones que permitieron todo esto. La caída en los precios de las materias primas y la desaceleración de economías clave como China golpearon duro a la región.

Hoy en día el panorama es muy distinto, por lo que es imprescindible que reconstruyamos las bases para una recuperación económica. La infraestructura se destaca como uno de los principales facilitadores a la hora de mejorar la productividad e impulsar de manera sostenible los motores de crecimiento domésticos.

Queda claro que América Latina y el Caribe no poseen la infraestructura que necesita o merece y las conquistas de los últimos diez años hacen que este contraste sea aún más evidente. Los caminos de baja calidad alejan a las personas de los puestos de trabajo y aumentan los costos tanto de los pequeños productores agrícolas como de los exportadores, minando su capacidad de competir. Más de 100 millones de personas, casi una quinta parte de la población, carece de acceso a saneamiento mejorado, mientras que dos tercios de las aguas residuales no son tratadas, propagando enfermedades y degradando nuestros ríos. Sólo en 2012, esto hizo que los latinoamericanos perdieran un total combinado de 900,000 años de vida a causa de discapacidad, mala salud o muerte.

Al mismo tiempo, buena parte de nuestra infraestructura no está preparada para acontecimientos como la rápida urbanización, o para enfrentar los eventos climáticos extremos asociados con el cambio climático, que resultan en la trágica pérdida de vidas y enormes costos de reconstrucción. Las recientes inundaciones en Perú y Colombia causaron la muerte de más de 300 personas, arrasaron más de 3,000 km de carreteras y casi 300 puentes sólo en Perú, aislando a decenas de pueblos. Los pobres y vulnerables sufren la peor parte de estos trastornos. También son los primeros en sufrir cuando la infraestructura simplemente no existe, no teniendo otra opción que recurrir a alternativas costosas como camiones de agua y generadores eléctricos.

Históricamente, la región intentó resolver estas cuestiones buscando recursos adicionales. Hace mucho que se habla de la falta de inversión en infraestructura. La región en su conjunto invierte menos del 3% de su PIB en infraestructura, comparado con más de 7% en Asia oriental, si bien algunos países invierten más de 4 por ciento. Asimismo, no es realista pensar en aumentos significativos de la inversión pública bajo el actual contexto fiscal restrictivo.

Dos nuevos informes del Banco Mundial señalan que, en lugar de gastar más, podríamos hacer mucho gastando mejor y aprovechando plenamente el potencial del sector privado. La discusión debe pasar de cuánto financiamiento necesita la región y cómo obtenerlo, a qué necesita hacerse realmente y cuál es la manera más eficiente de lograrlo.

Un gasto más eficiente traería consigo enormes beneficios. En el caso del sector energético, donde las pérdidas por transmisión y distribución son elevadas, la región necesitaría US$23,000 millones para mantener el ritmo de inversión del pasado. Los costos se reducirían como mínimo a la mitad bajo un enfoque a favor de la eficiencia, la resistencia ante el clima y las energías renovables.

Teniendo en cuenta las actuales limitaciones en cuanto a recursos públicos, las Asociaciones Público-Privadas (APP) deben ser parte de la solución. Su principal contribución debería ser el logro de una mayor eficiencia y calidad en los servicios públicos. Sin embargo, cualquier reforma tendiente a incorporar el financiamiento privado debe diseñarse de tal forma que tome en cuenta consideraciones sociales.

En el Caribe, en colaboración con el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros asociados, se creó en Bridgetown un Servicio de Atención para APP para desarrollar políticas y transacciones sólidas y brindar capacitación para aumentar la capacidad técnica de los gobiernos.

Las nuevas circunstancias económicas en torno a América Latina y el Caribe requieren de un nuevo enfoque respecto a la infraestructura, uno que libere su capacidad de servir como motor de crecimiento. Los medios para lograrlo están a nuestro alcance y el momento de hacerlo es ahora.