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RESUMEN 2016

Construcción a toda marcha en 2016

El fideicomiso, marco legal para los inceptivos a las viviendas de bajo costo, es el común denominador de los últimos años para que el sector crezca a paso de dobles dígitos.

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Carlos Arturo GuisarreSanto Domingo

La construcción en República Dominicana muestra un crecimiento de 12.2% al cierre de septiembre de 2016. De seguir al finalizar el día de mañana, la industria del ladrillo se habrá expandido al doble de lo proyectado para la economía en general.

Desde 2014 este segmento se mantiene imparable, al finalizar 2014 su crecimiento fue 14% y para Año Nuevo de 2015 el empuje fue de 18.1%, según datos del Banco Central de la República Dominicana, el cual daba fe de que la edificación de viviendas, oficinas, locales comerciales y hoteles en algunos casos triplicaba al producto interno bruto nacional, cuyo liderazgo se destaca en la región desde hace cuatro como señala de manera reiterada la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

¿Qué elemento convierte a la construcción de República Dominicana en el subsegmento económico de mayor crecimiento cuantitativo de América Central? La Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, en letras desde 2011 pero aplicada desde 2013, hizo posible que los desarrolladores de viviendas desplazaran sus operaciones desde las unidades de lujo, con márgenes adecuados que garantizaban la rentabilidad, a los inmuebles destinados a la clase media profesional, pertenecientes a hogares con ingresos mensuales de RD$80,000.

Cuando el mundo quedó atribulado por la llamada Gran Recesión, la construcción fue el sector más golpeado. Desde La Patagonia (Argentina) hasta Alaska (Estados Unidos), y desde Guayaquil (Ecuador) hasta la Comunidad Valenciana (España), los obreros constructores se quedaron de brazos cruzados al tiempo que al banco de inversión Lehman Brothers se le descubrió activos hipotecarios basura denominados ‘Ninjas’ (no income, no job, algo así como sin ingresos y sin empleo), que se les otorgó en forma de préstamos a millones de familias que no calificaban antes de 2001.

Ante ese panorama, la construcción dominicana, así como la mundial (excepto China) cayó en picada en los resúmenes del PIB, entre 2008 y 2011, porque no hubo crédito, o lo hubo a altas tasas de interés, para adquirir apartamentos de lujo en torres o chalets en complejos de segunda vivienda.

La mirada la colocaron entonces en la base de la pirámide, con la justificación política de un déficit habitacional que colocaba contra la pared a un millón de familias de acuerdo a cifras oficiales.

Pero el empuje fue sobre los incentivos fiscales. A cambio de que el precio final sea de un aproximado de US$65,000 los constructores tenían exonerados los impuestos indirectos, la contribución al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), parte del impuesto sobre la renta y otros tributos asociados al desarrollo inmobiliario.

Ahora bien, ¿Cómo se podía asegurar que el comprador final se beneficiara de los incentivos públicos? Los desarrolladores de viviendas tienen la obligación de entregar el proyecto a la supervisión de un fideicomiso, de modo que ese fiduciario responda por igual por los intereses del propietario del terreno, el desarrollador de viviendas, el banco, la inmobiliaria, el comprador final, entre otros posibles involucrados en la iniciativa de negocios.

“Cabe resaltar, que este desempeño del sector de la construcción responde a la ejecución de proyectos privados en obras residenciales, nuevos complejos hoteleros e importantes plazas comerciales. Asimismo, hay que destacar que aunque presentan una ligera disminución respecto al mismo período del año anterior, las inversiones del sector público, mantienen el alto nivel alcanzado durante 2015, enfocadas en la modernización del sistema vial, la realización de obras de infraestructura, con especial esfuerzo en la construcción de aulas escolares y viviendas de bajo costo, con el objetivo de reducir el déficit habitacional”, manifestó el Banco Central.

PENSIONES Los constructores de vivienda apoyan las declaraciones realizadas por la Confederación Patronal (Copardom), referentes a que el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons) debe ser transformado o desaparecer, por las incongruencias que presenta.

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