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ENFOQUE

Alianzas para construir una nación competitiva

LOS EMPRESARIOS Y EL GOBIERNO TIENEN POR IGUAL LA RESPONSABILIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE REPÚBLICA DOMINICANA

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Guillermo JuliánSanto Domingo

El Estado dominicano, como es tendencia en las democracias que se consolidan, tiene en frente el desafío de satisfacer a una población que crece en número, calidad educativa y expectativas de bienestar.

La ciudadanía aumenta sus presiones pacíficas en torno a más y mejor educación, servicios públicos altamente eficientes y el mantenimiento de un ambiente seguro. Las exigencias llegan de diversas formas: movilizaciones, reclamos de los gremios profesionales, cuestionamientos a los partidos políticos o jóvenes que emigran con el objetivo de alcanzar en otra nación de mayor desarrollo socio-económico aquellos beneficios que no consiguen en su país de origen.

Recaudar un mayor nivel de tributos es una solución tradicional, cuya ponderación siempre debe discutirse, pero una encarnizada competencia a escala global por cerrar negocios hace que los países tengan que crear situaciones donde las empresas de bandera local estén a la altura de filiales de grandes corporaciones, de modo que el potencial nacional no se vea reducido.

El endeudamiento público podría ser útil en cierta medida para financiar obras de infraestructura impulsoras del desarrollo económico, en vista de que las próximas generaciones tendrían la capacidad de cargar con parte del compromiso al recibir un país más competitivo que el que disfrutaron sus padres. No obstante, la deuda encierra en su cómoda jaula la posibilidad de guiar al Estado hacia caminos de insostenibilidad económica, institucional y política.

Pero el dilema sigue presente. ¿Cómo el Estado, con fuentes limitadas para canalizar recursos hacia el erario, erige las obras públicas que sirvan de base al desarrollo económico, crea la red de servicios demandados de manera legítima por la población y, sobre todo, establece los cimientos de una nación donde sea ágil hacer negocios?

Las alianzas público-privadas, o APP, término que ha ocupado los espacios de la opinión pública, es de las mejores opciones para responder a la pregunta anterior. El sector gubernamental, el empresariado y el resto de la ciudadanía deben acordar y encontrar mecanismos idóneos, con el propósito de que la construcción de infraestructura y la provisión de servicios pasen a ser responsabilidad de todos.

Por medio de este mecanismo se articulan las operaciones del Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ), plataforma que integra empresarios dominicanos y haitianos, en procura del desarrollo sostenible de la zona que sirve de línea fronteriza para ambas naciones. Las alianzas entre el Estado y el empresariado domínico-haitiano se entrelazan para que en 2030 la pobreza sea cosa del pasado en las provincias que dan inicio al suelo patrio.

El drenaje pluvial ha sido una debilidad permanente de nuestra amada ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional. Una metrópoli próspera y moderna de cuando en vez se empaña con ligeras inundaciones a causa de las lluvias propias de la Temporada Ciclónica. El alcalde David Collado se ha propuesto la solución definitiva para ese escollo incluyendo a los empresarios con mayor visión de crecimiento de nuestra nación.

Por medio de las alianzas público-privadas, que toman los mercados de valores como su principal enlace con el público, cualquier persona, con la módica suma de 10,000 pesos, podrá participar en la construcción de carreteras, las cuales, al cobrar los pasos o peajes, generarán la rentabilidad necesaria para retribuir a quienes tuvieron la iniciativa de invertir en la infraestructura que conectará al comercio y el turismo de todo el país.

Los empresarios por décadas han esperado el momento de que se creen vías idóneas para trabajar hombro a hombro con el Estado.

El Gobierno Central ha dado señales claras de que se acerca una nueva etapa, en la que los sectores público y privado eliminarán cualquier vestigio de antagonismo a favor del principio de que lo importante no es quién lo hace, sino que se haga lo necesario para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

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