Un compromiso para garantizar el agua

Más de 400 productores agropecuarios, luego de debatir duante tres días sobre los desafíos que enfrenta el sector en cuanto a la disponibilidad de agua, concluyó con once aspectos relevantes y ocho recomendaciones.

Los líderes concluyeron señalando como problema a resolver la existencia de un marco legal e institucional que establece duplicaciones y superposiciones de roles y funciones de las entidades públicas del sector, lo que dicen dificulta las funciones rectoras, reguladoras y operativas.

Destacaron la escasa coordinación y planificación entre los actores públicos y privados como una dificultad para lograr una gestión adecuada de los recursos hídricos, además de las limitaciones existentes en la cantidad y calidad de obras de almacenamiento y sistemas de distribución.

Como un aspecto vital que debe ser priorizado por todos los sectores de la sociedad dominicana fue señalada la falta de conciencia en los actores involucrados, lo que dicen ha promovido un modelo basado en la expansión de la oferta hídrica que provoca un uso irracional del líquido.

Otros retos señalados fueron: la escasa participación y corresponsabilidad de las y los usuarios de los sistemas de riego, la inexistencia de mecanismos de incentivos para la modernización de la infraestructura hidráulica; la limitaciones en la asignación de recursos económicos; la falta de una adecuada zonificación de suelo y disponibilidad de agua para determinar la vocación de cultivos; la falta de un sistema adecuado de valoración económica del agua; y el uso irracional e irresponsable de los recursos forestales, en las cuencas hidrográficas

Entre las recomendaciones se destacan la necesaria aprobación de la Ley General de Agua y la Ley Forestal, además de que sugieren fomentar la planificación coordinada e integral, de la gestión del recurso hídrico, promover jornadas de sensibilización y educación ciudadana, expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para el almacenamiento, regulación y distribución del agua.

También propusieron que se fomente la participación y corresponsabilidad de los usuarios de los sistemas de riego en su conservación y mejora, promover una mayor asignación de recursos presupuestarios para la modernización y conservación de la infraestructura de riego, y promover e impulsar una “Alianza Política por el Agua” entre las sectores activos de la nación, las instituciones del Estado, las organizaciones del sector privado y la sociedad civil, para asumir el compromiso de un programa de inversión pública a 20 años, en protección de cuencas, construcción de infraestructuras, cambio en el modelo de riego y educación ciudadana.