Invasores de tierra crean incertidumbre a dueños

Aunque constituye una práctica que ha ido mermando, las invasiones de terrenos siguen siendo un dolor de cabeza para algunos propietarios de inmuebles, que para sacar a los intrusos de sus parcelas tienen que buscar protección policial a través del Abogado del Estado, un proceso que les representa gasto de tiempo y dinero.

Durante el 2015, la Oficina del Abogado del Estado del Departamento Central, con sede en el Distrito Nacional, otorgó protección policial a 76 propietarios para expulsar invasores, y en lo que va de año ha concedido 24.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el auxilio de la fuerza pública se solicita más en los sectores Los Alcarrizos, Manoguayabo, Sabana Perdida, Villa Mella, La Caleta y Brisa del Este.

El abogado del Estado del Distrito Nacional, Gedeón Platón Batista, precisó que el auxilio de la fuerza pública se solicita generalmente para sacar a varias personas que se asocian con el propósito de apoderarse de terreno privado. Por la resolución de protección policial el interesado debe pagar un impuesto de RD$500, a través del Banco de Reservas.

Esa posesión ilegal de bienes genera incertidumbre a los legítimos dueños de los predios, que se ven en la necesidad de incurrir en gastos para trasladarse a realizar gestiones y pagar un abogado para que les asesore.

Procedimiento La Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, establece el procedimiento a seguir.

Batista explica que el interesado debe dirigirse a la oficina del abogado del Estado a presentar su denuncia mediante una instancia.

Dice que de inmediato se procede a enviar a un abogado adjunto a realizar una inspección, que en la mayoría de las veces va acompañado de un agrimensor que certifica que el predio invadido pertenece a la persona que presentó la denuncia, en base a un certificado de título.

“Luego de comprobada esa situación y haber tomado las fotos correspondientes, se le rinde el informe a esta oficina del abogado del Estado y procedemos a conceder, sin demora, el auxilio de la fuerza pública para el desalojo”, asegura. Para otorgar la fuerza pública, Batista dice que el propietario debe esperar alrededor de una semana.

Han trabajado casos de invasores reincidentes. Y puso como ejemplo el caso de una propiedad en Caballona, de la provincia Santo Domingo, de donde fueron sacados los invasores y luego volvieron a ocuparla.

Al desacatar una disposición de la autoridad, las personas fueron sometidas a la justicia por violación de propiedad.

A ese grupo se les dictó medida de coerción, consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Los sometimientos están a cargo de la abogada adjunta, Marisol Sánchez, quien precisó que ha hecho varios en los últimos meses y que tienen procesos abiertos, los cuales espera concluyan con una sentencia condenatoria.

S‡nchez acotó que siempre solicitan prisión preventiva en contra de los invasores.

Los operativos de desalojos en ocasiones representan un peligro para la integridad física del personal actuante. Batista y Sánchez recuerdan que el año pasado un agente fue asesinado durante un operativo realizado en Manoguayabo, producto de los disparos de armas de fuego realizados por invasores. Se trató del teniente Gelpy Castro Corporán. “Nosotros, como cuerpo del ministerio público, tenemos la obligación de darle toda la garantía a los propietarios que sienten impotencia por esas acciones delictivas de los invasores de terrenos privados”, enfatizó Batista.

Papel activo El Abogado del Estado del Departamento Central considera que la aprobación de la Ley 10-15, que modificó varios artículos del Código Procesal Penal, ha contribuido a disminuir las ocupaciones ilegales de terrenos, porque establece que la violación de propiedad ya no es una acción privada, sino pública. En base a esa legislación, el ministerio público está sometiendo a la justicia a los invasores. “Los estamos sometiendo a la justicia para ir frenando esa práctica”, enfatizó. Planteó que solo con las medidas de coerción que los jueces están imponiendo está disminuyendo esa práctica, a tal punto que en abril de este año solo dos propietarios solicitaron la fuerza pública.

Precisó que el 22 de enero de este año, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, emitió la resolución 219, mediante la cual instruyó a todos los fiscales y representantes del ministerio público a nivel nacional para que le den cumplimiento a las disposiciones de la ley, a fin de proteger el sagrado derecho de propiedad de los ciudadanos, para contribuir con la seguridad jurídica.

Batista precisó que en base al artículo 51 de la Constitución, que consagra el derecho de propiedad, el Estado está llamado a proteger el goce, disfrute y la posesión por parte del propietario del inmueble.

Apuntó que el reclamante formaliza la denuncia, por lo regular, en aras de que se sientan salvaguardados, se les aconseja que se asesoren de un abogado, aunque aclaró que no es obligatorio. Sin embargo, observó que cuando se presenta una querella por ante cualquier fiscalía, en el 90% de las veces los invasores acuden con abogado, por lo cual dice no se debe dejar la víctima en un estado de indefensión.

Persecución El Abogado del Estado señaló que con la aprobación de la Ley 10-15, que convirtió ese delito de violación de propiedad en acción pública, y de la resolución emitida por el procurador, han arreciado la persecución y sometimiento a la justicia de los invasores.

Expone que la Ley 5869 sobre propiedad privada contempla penas de tres meses a dos años de prisión por ocupaciones ilegales.

Argumentó que el Código Penal anulado por el Tribunal Constitucional aumentaba la pena, pues establecía condenas de 2 a 10 años de prisión.

AFECTADOS HABLAN DE SU SITUACIÓN El pintor Julio LLort llamó a las autoridades para que profundicen las investigaciones, a fin de que sean apresados los cabecillas del grupo que ocupó su propiedad.

“Mi llamado es de pena, de sentimiento, porque nos han quitado la posibilidad de gozar de nuestra tierra y hemos tenido que incurrir en muchos gastos”, contó.

La invasión de su parcela, comenta, le ha representado un gasto extraordinario, debido a que ha tenido que pagar a abogados, asignar más seguridad, trasladarse con frecuencia a la propiedad, hacer muchas llamadas telefónicas, entre otras gestiones.

“Queremos que se profundice la investigación de quienes son los cabecillas, porque uno puede atacar a la turba pero la turba es una masa sin nombre, y da la impresión que es una masa bien organizada, creemos que hay gente muy poderosa detrás de eso”, expresó.

La parcela, de unos 46,000 metros, es una herencia de su esposa, que aspiran pase a a sus hijos.

Llort es un pintor y restaurador de obras de arte de origen español, que se estableció en el país en la década del 60.

Otro caso es el de las hermanas Melania y Mireya Bidó Heredia. Ellas han tenido que trasladarse varias veces desde La Victoria, donde viven, a la oficina del Abogado del Estado, en el Centro de los Héroes, para gestionar la autorización del desalojo de una persona que lleva varios años usufructuando su propiedad.

“Nosotros vinimos y nos dieron un papel con los documentos que teníamos que traer, y hoy los trajimos”, narró Melania.

Expresó que necesitan un abogado pero que los hermanos no se ponen de acuerdo para contratarlo porque le cobran un 30% del valor de la parcela.

Julio César Tineo, abogado de Eladio Vizcaíno Díaz y compartes, pide al Abogado del Estado el auxilio de la fuerza pública, debido a que sus clientes han sido afectados con la invasión de una parcela de 40 tareas, en San Cristóbal.

Contó que buscan desalojar a unas cinco personas que se han querido apoderar de los terrenos que es una herencia de sus clientes, que llevan varios años lidiando con ese problema.

Considera que ahora hay una mayor garantía para los propietarios, porque la Oficina del Abogado del Estado está dando prioridad a esos casos.