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FISCALÍA

Investigarán a los negocios que funcionan sin registro

Alerta. Por el peligro que representa para la población la venta de productos sin registros sanitarios, Conadeco llamó la atención.

Alerta. Por el peligro que representa para la población la venta de productos sin registros sanitarios, Conadeco llamó la atención.

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo

La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada ayer de una denuncia en contra de varios supermercados de esta capital, que presuntamente venden productos sin registros sanitarios, donde se le pide sacar esos productos ilegales de los escaparates de los establecimientos comerciales.

La denuncia fue presentada por ante el Departamento de Sistema de Atención de la Fiscalía, por el Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (Conadeco), a través de la abogada Lucila Ramírez Báez.

En la instancia, el Conadeco sostiene que pone a disposición del Ministerio Público las piezas y documentos que soportan cada uno de los elementos probatorios que en su momento probaran las violaciones en que han incurrido los establecimientos comerciales que se dedican a la venta de estos productos alimentarios sin su debido registro sanitario.

Hizo un llamado urgente a las autoridades para que frenen esa practica, en el sentido de que está establecido en la misma Constitución de la República, donde el Estado tiene el deber y el derecho de proteger a los consumidores y a tener los mismos una alimentación justa y equitativa, como estable la norma constitucional.

En la denuncia se alega que la alerta viene debido al latente peligro que corre la población consumidora al adquirir los productos genéricos, que carecen de registro sanitario, violando la ley ya que nadie puede establecer los componentes de varios productos alimenticio y del hogar por entender que no han sido registrados en Salud Publica y que en la mayoría de los casos no se sabe ni su procedencia, ni mucho menos su contenido.

Alegan que los establecimientos que tiene a la venta esos productos ilegales, ya sean importados terminados o envasados en el país, no solo violan la ley sino que constituyen una competencia desleal con la industria criolla y contribuyen al desempleo al desplazar la mano de obras de los trabajadores dominicanos que no participan de su elaboración.

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