El Conep favorece diálogo con Haití

La primera vicepresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Ligia Bonetti, se mostró ayer partidaria de buscar un entendimiento con Haití por la vía del diálogo.

De igual modo, sugirió al Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ) motivar ese diálogo en el espacio donde confluyen empresarios de ambos países.

Bonetti indicó que el Gobierno y los empresarios haitianos han violado los acuerdos firmados con el país y ni siquiera han notificado formalmente las razones de esta decisión.

“Siempre hemos hablado de que tenemos que mantener el diálogo abierto, respetar los acuerdos a los que hemos arribado y en este caso se hizo un acuerdo entre Haití y República Dominicana. Nosotros exhortamos al Consejo Binacional Quisqueya, que está compuesto por empresarios de ambos países, para que se sienten de nuevo a dialogar porque definitivamente ellos han violado los acuerdos y no hemos sido informados de esta legislación o de este decreto nuevo.

La empresaria manifestó su esperanza de que esto se resuelva, porque esta decisión de Haití de prohibir, a partir del 1 de octubre, las exportaciones por la vía terrestre de 23 productos dominicanos afectará sensiblemente al comercio local específicamente a los sectores que comercializan estos bienes.

La dirigente empresarial habló durante una rueda de prensa convocada para reiterar su rechazo a la Ley 140-15 sobre Notariado, y solicitar a la Cámara de Diputados su conocimiento y derogación.

Decenas de organizaciones empresariales agrupadas al Conep manifestaron en un comunicado leído por Ligia Bonetti, que esta ley impone costos “exorbitantes” no solo a transacciones empresariales, sino a actos comunes que obligatoriamente tienen que ser notarializados. Agregó que esto se agrava porque vista la debilidad institucional que presenta el país, cada acto legal requiere la firma de un notario. También calificaron “aberrante” el establecimiento de un profesional de esta área por cada 10,000 habitantes.

Comunicado En el comunicado, las organizaciones sostienen que esta normativa concede atribuciones de interpretación a los notarios de los actos que instrumentan, lo que escapa a sus naturales funciones y usurpa la de los tribunales.

Destacan que aunque entienden la necesidad de mejora de las normativas notariales esta restructuración no debe realizarse en perjuicio del crecimiento económico y de un clima de negocios saludable.

Al ser cuestionada por los medios de comunicación presentes, la dirigente empresarial dijo que el Conep no tuvo el documento final de esta ley, y por esto no tuvo la oportunidad de evaluarla a tiempo y plantear su objeción.

Dijo lamentar que las cosas hayan sucedido de esta manera y expresó que una de las grandes preocupaciones del Conep es la aprobación de leyes al vapor.

Asimismo, Marisol Vicent, miembro de la junta de directores del Conep, consideró que la aprobación de esta ley no contó con la socialización necesaria en los sectores productivos y sociales, y que la misma vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

De igual modo, el directivo de la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, refirió que la Ley 140-15 constituye una traba a la facilitación del comercio, y aseguró que la misma estaría interfiriendo en la forma de hacer negocio, sobre todo en lo que respecta a lo establecido en los tratados de libre comercio.

Afirmó que esa normativa resta competitividad al sector comercial dominicano.

Ley de Notariado concita rechazo La aprobación en las Cámaras Legislativas y posterior promulgación por el Poder Ejecutivo de la Ley 140-15, que regula el Notariado Dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, ha creado una reacción negativa en los principales sectores sectores productivos, quienes han manifestado su rechazo a la misma.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR); la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); la Asociación de Bancos Comerciales (ABA); las Cámaras de Comercio y Producción, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec); entre otras instituciones de los sectores productivos han manifestado su oposición a esta Ley, y apoyaron la decisión del Senado de aplazarla por una año.

Las entidades bancarias han advertido que la aplicación de esa legislación tendría un impacto altamente negativo para los millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.

Aunque se cuestionan varios puntos de la ley, el más controvertido es el artículo 66 que impone tarifas obligatorias y mínimas de los honorarios, que pueden alcanzar hasta los RD$200,000 por la instrumentación de actos de venta, contratos, transacciones, permutas. Asimismo establece honorarios por traslado del notario en su jurisdicción de hasta RD$3,000.