REACCIÓN
Cámara pide revisión de la Ley de Notariado
SALUDA ACCIÓN DEL SENADO DE POSPONER SU APLICACIÓN
La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) sugirió el sometimiento de la recién promulgada Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios (Codenot).
Esta solicitud se une a las emitidas por la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, Asociación Nacional de Bancos Comerciales (ABA), Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
La Cámara manifestó que es hora de dotar al país de una ley de Notariado que le dé importancia a la función notarial, pero que no cree un régimen insostenible.
Mediante una nota enviada a los medios, los representantes sostienen que la Cámara siempre ha sido abanderada de iniciativas que incentiven el crecimiento, la inversión y la seguridad jurídica, y por eso ve con preocupación la reciente promulgación de esta ley.
Indican que un estudio de la ley revela que se crea con ella una normativa que aleja a República Dominicana de prácticas notariales de vanguardia, encarece la función notarial y limita extraordinariamente el acceso de los ciudadanos a la misma, en perjuicio de su propia seguridad jurídica, llegando a imposibilitar la realización de ciertos negocios por las tarifas exorbitantes que fija para las partes que intervienen en los mismos y que tengan necesidad de presentarse ante el notario.
(+) LA CÁMARA DICE RECONOCE INTENCIÓN La entidad indica que reconoce la intención del Gobierno de crear un nuevo instrumento que reemplace la antiquísima Ley No. 301 del 18 de junio de 1964, y procure adecuar la normativa a la realidad. Sin embargo, afirma que la Ley No. 140-15 distorsiona ampliamente esa función primaria de toda pieza legislativa. “Esta legislación no solamente establece un régimen de tarifas por honorarios de los notarios que convierte su uso en un lujo para muchas operaciones comerciales, sino que crea la misma situación para actos de la vida civil del ciudadano, a los que este tiene derecho por ley”, apunta.