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PROYECTO DE LEY

Finjus objeta ley de economistas

SE CONDICIONA LA LIBRE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL INTERNACIONAL

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) objeta los requisitos y exigencias para regular el ejercicio profesional de los economistas en República Dominicana, planteados en el Proyecto de Ley del Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), de reciente aprobación en la Cámara de Diputados.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, asegura que las exigencias planeadas en el proyecto para el ejercicio profesional de los economistas afecta la libre empresa, así como la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, y la acreditación para los profesionales de la economía.

Castaños Guzmán asegura que las exigencias que se plantean para el ejercicio de los economistas es “desproporcional y discriminatoria en relación a los profesionales extranjeros que tienen la residencia legal en República Dominicana y prestan sus servicios a los sectores público y privado”.

La disposición, según explica, generaría trabas a la actividad económica cuando el Estado o el empresariado necesiten la asesoría en un tema que aún no se haya desarrollado en el país y requieran de economistas extranjeros.

En un artículo que se publica íntegro en esta sección, Castaños Guzmán considera altamente perjudicial para el país al restringir recibir economistas extranjeros que con sus conocimientos aportan al desarrollo nacional y económico.

Esta desproporcionada exigencia afectará, incluso, a los organismos internacionales radicados en el país, al imponerles la obligación de cubrir la totalidad de los puestos profesionales que requieran economistas con nacionales, dice.

Dice proyecto crea trabas innecesarias En un modelo de economía de libre mercado, como define la Constitución de la República, la regulación legal juega un papel subsidiario para prevenir situaciones de riesgo o para corregir dificultades que surjan en el mercado, a juicio de Castaños Guzmán. Aduce que esta normativa no procura prevenir riesgo, ni corregir dificultades del mercado, sino que, al contrario, crea trabas innecesarias e irrazonables para la actividad empresarial, desincentivando el ingreso de nuevos proyectos que beneficiarían el desarrollo.

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