Decía fray Antón de Montesinos, ante los abusos contra los indígenas, hace más de 500 años en el Sermón de Adviento en Santo Domingo: “YO SOY LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO”, y su voz fue acallada con el destierro.
Muchos años después monseñor Arnulfo Romero, ante la violencia y la corrupción, clamando justicia decía: “YO SOY LA VOZ DE LOS QUE NO TIENEN VOZ”, y una bala asesina puso fin a su vida, en el momento de la consagración del Santísimo Sacramento en la misa que oficiaba en la catedral de El Salvador.
Muchas voces que clamaban por justicia y denunciaban la corrupción en mi país fueron también acalladas por la tortura y el crimen de Estado; afortunadamente los tiempos han cambiado bastante, con la desaparición de las dictaduras y semidictaduras, en las que el pueblo fue obligado a mantener la boca cerrada; esto dejó como secuela el miedo que limita a los ciudadanos en su condición de veedores, a ejercer su legítimo derecho de denunciar ante las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), los actos de corrupción y de exigir la rendición de cuentas de aquellos que por delegación suya, ejercen las funciones de administradores de los recursos públicos.
La corrupción ha alcanzado un grado tal que ha convertido la democracia en un sistema injusto, donde la brecha social y las desigualdades profundizan la pobreza de nuestros pueblos. Unos pocos corruptos se hacen millonarios con los dineros que el Gobierno debe usar para fortalecer programas como SOLIDARIDAD que subsidia alimentación y salud a los indigentes. Todos los que pertenecemos a las Entidades de Control del Estado, tenemos una responsabilidad mayor cada día, y un desafío de encontrar la forma de detener la corrupción y procurar soluciones para proteger el uso de los recursos públicos y los recursos naturales.
Representamos al país en la XIX Asamblea de la Organización Latinoamericana, Centroamérica y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), en Asunción, Paraguay, junto al vicepresidente Pablo del Rosario, y fue una experiencia enriquecedora que nos servirá de base para implementar innovaciones importantes en la Camara de Cuentas. Saludamos este tipo de evento donde las EFS del continente, pudimos compartir experiencias y conocimientos y se tomaron decisiones de conjunto importantes, como fueron las de establecer principios para la rendición de cuentas, crear un Instituto Superior Internacional de Fiscalización para certificar auditores gubernamentales, establecer como prioritario un programa de auditoría en colaboración, patrocinado por Olacefs y coordinado por Brasil y Argentina para desarrollar auditorías del medioambiente y el cambio climático, tomando en cuenta que la crisis ecológica mundial no es cuestión de futuro, la estamos viviendo ahora con las frecuentes catástrofes causadas por los bruscos cambios climáticos.
La búsqueda de soluciones han dejado de ser individuales convirtiéndose en una responsabilidad colectiva. Se trata de una amenaza global a los recursos vitales para la sobrevivencia de la humanidad, como son el agua, el aire, la flora y la fauna, etc., que produce una reducción de la fertilidad de la tierra y consecuentemente una reducción en la producción mundial de alimentos. Estas son razones suficientes para ampliar el radio de acción de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, con el propósito de incluir en los Planes Anuales de Auditoría “el Medio Ambiente y el Cambio Climático”, con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de los convenios internacionales, las leyes, las normativas y disposiciones del órgano rector del medioambiente y las instituciones responsables de la preservación del planeta y a través de los hallazgos pueda contribuir con el Gobierno para que este aplique políticas y medidas a tiempo que le permitan cumplir con los objetivos del milenio.
QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN REPÚBLICA DOMINICANA
La ley 10-04 y su reglamento 06-04 establecen que el Sistema Nacional de Control y Auditoría comprende un conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan el uso de los recursos del Estado, y está compuesto por:
El Control Interno o Control Previo, ejercido por la Contraloría General de la República, órgano dependiente del Poder Ejecutivo, responsable de velar por la correcta ejecución presupuestal y la confiabilidad y transparencia de la rendición de cuentas de los servidores públicos.
El Control Legislativo, a cargo del Congreso Nacional, que ejerce funciones de fiscalización en base, entre otros, a los informes que le presenta la Cámara de Cuentas.
El Control Externo, ejercido por Cámara de Cuentas como órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría, con independencia y autonomía presupuestaria, facultada para emitir normativas de carácter obligatorio, promover y alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los recursos públicos y formular un plan nacional para esos fines.
El Control Social, que es ejercido por la sociedad dominicana a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legítima. Son los veedores para que los fondos públicos sean manejados con transparencia, eficiencia, eficacia y economía.
Recientemente la Cámara de Cuentas de la República ha elevado a la categoría de División la unidad de Control Social, con una oficina de fácil acceso a la ciudadanía, en su sede central, para recibir y evaluar las sugerencias, observaciones y denuncias por escrito, de cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil; esta, después de evaluada la pertinencia de las denuncias, las podrá rechazar si no tienen una base sólida, y acoger y tramitar al Pleno de Miembros las que sí presenten indicios de negligencias, manejos indebidos o indicios de corrupción, para que disponga la realización de las auditorías o investigaciones especiales procedentes. La participación de la ciudadanía como colaboradora directa de la Cámara de Cuentas de la República, necesariamente contribuirá a la transparencia y control del uso de los recursos del Estado dominicano.
