La impunidad ha sido el marco de nuestra sociedad hasta el punto de que el titular de la Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA) ratificó que casi ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado por presuntos actos de corrupción, contrario a lo que se advierte en algunos de los procesos contra implicados de menor jerarquía o de personas ajenas al sistema político.

El funcionario dio a conocer datos estadísticos sobre los 22 principales casos de corrupción en el estado de los últimos diez años, que revelan la malversación de unos 104 mil millones de pesos. De esos 22 casos, solo tres han sido sentenciados, todos en la banca privada. El procurador adjunto contra la corrupción admite que no hay forma de resolver la corrupción administrativa, aunque mantiene su espíritu de lucha.

De esto se entiende que la autoridad no tiene voluntad política desde el ejecutivo para asumir la gran responsabilidad en beneficio de las grandes mayorías nacionales que deben nutrirse equitativamente del patrimonio de la nación. Hablar de impuestos es doloroso en un ambiente de injusticia social, que es lo mismo que una sociedad sin garantías de sus operaciones lícitas. ¿De qué vale entonces la formación doméstica y académica si no es el ejemplo y el camino hacia la superación personal? El engaño, el desfalco, es el accionar cotidiano en menoscabo de los derechos a la salud, la alimentación, la educación y el trabajo digno; entonces, más cargas fiscales para subsidiar el déficit y la deuda externa que cada día es inflada por la ineptitud del sistema productivo nacional.

No hay dudas que el poder político obstaculiza la aplicación de justicia por la centralización de los expedientes, los cuales discrimina en su depuración en la DPCA. De forma jocosa les diré que para palear la crisis financiera ocasionada por la corrupción, suscríbanse en los siguientes mecanismos: paguen bien la factura social a los héroes nacionales, mantengan contenta a la izquierda revolucionaria, inscríbanse en un buen partido político y oferten gobernabilidad, compren impunidad en el mercado judicial y legislativo, busquen dos tarjetitas de influyentes generales, pongan un gancho en el suministro de energía, busquen una buena pensión alimentaria y tengan un buen catálogo de muchachitas de citas. Si no lo hacen, usted en este sistema de libertades públicas es un “gallo loco”.