La actitud y el comportamiento de los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, y de quienes han dirigido esa institución, es diametralmente opuesta a la visión y el compromiso del presidente Leonel Fernández, de instaurar en el país un Estado Democrático y de Derecho.

El comportamiento generalizado de los miembros de la AMET es vergonzoso, contraproducente e inaceptable. Un gobierno encabezado por el presidente Fernández y el PLD no puede darse el lujo de tener una institución como AMET en la cual sus miembros pretendan educar a la población a la fuerza.

En un Estado Democrático y de Derecho el cumplimiento de las leyes no se logra mediante el uso excesivo de la fuerza. Solo en las dictaduras es posible diezmar a la población hasta ciertos límites porque cuando en una democracia un ciudadano entiende que sus derechos han sido vulnerados reacciona.

Este tipo de conducta desdeñable y de irrespeto a la vida humana no se puede ver como un simple problema de orden público. Son acciones que comprometen al propio gobierno y afectan la imagen del Presidente, por lo que se requiere de una acción política que erradique ese mal.

El ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, debería ordenar cuanto antes el desarme de los agentes de la AMET para evitar que estos continúen imponiendo el terror y el miedo entre los ciudadanos. Independientemente de otros roles que tiene esta entidad, su papel fundamental está destinado a organizar el tráfico de vehículos y velar por el cumplimiento de las leyes.

  Para organizar y dirigir el tránsito no es necesario tener una pistola 9 milímetro con dos cargadores de 17 tiros.

 El mejor ejemplo de autoridad y de respeto lo han venido exhibiendo los policías que están ubicados en la ruta del presidente Leonel Fernández. Son policías vestidos de pantalón gris, camisa blanca y casco blanco (los verdaderos y tradicionales tránsito), y una buena parte de ellos no posee armas de fuego en la cintura; todos los ciudadanos los respetan y ellos imponen su autoridad, sin necesidad de agredir a nadie.

Las misma función que tiene un policía de Amet que es controlar el tráfico de vehículo, lo tienen los controladores aéreos que es controlar el tráfico aéreo y estos no están armados.

Lo único que tienen que hacer los policías de Amet, es lo que se hace en cualquier país democrático: someter a la justicia a los violadores de las leyes de tránsito mediante las famosas multas. Para que se entienda mejor aplicar la ley, no interpretarla, porque Amet no tiene autoridad legal para incautar vehículos y llevar a nadie la cárcel, al menos  que el infractor haya cometido un delito grave como manejar borracho o conducir un vehículo sin matrículas ni seguro.

 Corresponde entonces a los tribunales penalizar dicha infracción; y si el infractor no acude a los tribunales, es un juez que tiene que emitir una orden de arresto en contra de ese ciudadano. Es en ese momento cuando la policía debe de actuar, en base a una orden judicial.

El problema fundamental del tránsito en la Republica Dominicana es que en los últimos 50 años se ha establecido una anarquía organizada, donde la falta de controles del Estado ha contribuido al fortalecimiento de ese desorden institucional que impera en el transporte, y ese desorden no se puede detener a la fuerza como lo aprenden a hacer los agentes de Amet, sino en base a la educación ciudadana fundamentada en la necesidad de que cada ciudadano cumpla con sus deberes.