Nueva vez, durante el recién concluido torneo electoral en el que escogimos representantes congresuales y municipales, los dominicanos fuimos testigos de la animada y pintoresca Guerra de Encuestas.

La idea de que múltiples firmas encuestadoras se enfrasquen en una batalla mediática para demostrar su preeminencia predictiva, valiéndose de la medición de las intenciones de voto de una muestra representativa del electorado, no constituye un mal en sí mismo. Todo lo contrario, es un ejercicio que resalta, entre otras cosas, la solidez de una democracia que hace valer uno de los preceptos fundamentales de todo régimen democrático: La libertad de expresión.

Lo que sí constituye un exceso y hasta un peligro es que la realización y posterior publicación de estas encuestas se haga sin un marco legal que las regule, o en su defecto, y sin sugerir que sean mutuamente excluyentes, una asociación o gremio con rígidos parámetros de profesionalidad que congregue a estas empresas.

La regulación de las encuestas, a todas luces, constituye un imperativo nacional, toda vez que no son un simple e irrelevante instrumento predictivo de unos resultados electorales, sino que también son un instrumento con poder de orientación y con capacidad para influir en decisiones de Estado.

En las pasadas elecciones observamos como una serie de “firmas encuestadoras” sin currícula ni trayectoria profesional que las avalara, publicaban encuestas que al cotejarlas con los resultados electorales llevan a muchos a cuestionarse, ¿realmente se realizaron estas encuestas, o son estas “encuestas” simples cifras inventadas, acomodaticias a quienes las pagan? Esto, sin mencionar los procedimientos estadísticos reflejados en la ficha técnica de las mismas, porque muchas firmas simplemente no las publicaban, mientras otras se valían de técnicas matemáticas “heterodoxas”, por no utilizar calificativos más severos, carentes de todo sentido científico y lógico para llegar a sus irrisorios y bochornosos resultados.

Las encuestas se han convertido en instrumentos propagandísticos de los candidatos que las pueden pagar, sin tomar en consideración que sus trastocadas publicaciones pueden repercutir sobre el electorado; por lo menos sobre esa parte del electorado, cada vez más mermada, que aun cree en ellas. Y no es que equivocarse sea inaceptable, como aparentemente sucedió en las ultimas elecciones presidenciales de Colombia, pero cuando los resultados de una firma son sometidos a un análisis longitudinal y traen como resultado una retahíla de desaciertos, esto debe ser un indicativo elocuente de errores sistemáticos de procedimiento, y como consecuencia, no debe estar calificada para ser un referente válido de la opinión pública y el electorado.

A fin de cuentas, ¿quiénes, aparte de los electores, son los beneficiarios de que se profesionalice y se regule la publicación de las encuestas? Las propias encuestadoras, las “serias”, por lo menos. Una vez el mercado de estudios electorales quede purgado de los farsantes y manipuladores, quedarán las firmas verdaderamente profesionales, las que proceso tras proceso se acercan siempre a los resultados electorales observados, lo que para ellas se traduciría en mayores beneficios pecuniarios (porque la oferta de empresas calificadas sería menor) y, la oportunidad de amasar aquello que no tiene precio; convertirse en referencia por excelencia de la opinión pública y el electorado.

Para que esto sea posible, si se contempla la solución gremial, se necesita la colaboración y disposición de, principalmente, dos actores relevantes. Como primero, el de las protagonistas, las firmas encuestadoras. Que las mismas estén en la disposición de organizarse bajo la sombrilla gremial, en la cual, como se dijo anteriormente, primen procedimientos estándares de profesionalismo y calidad, y que los mismos terminen por separar a los profesionales de los manipuladores. Como segundo, los medios de comunicación. Que estos sean mas críticos y minuciosos con las encuestas que deciden difundir, tal vez exigiendo como prerrequisito para una publicación, el “sello de calidad” que significaría haber producido la encuesta bajo los estándares del gremio.

Si, en cambio, se contempla la solución legislativa, se podría elaborar un proyecto de ley que incluya algunas de las prácticas exitosas de países que ya regulan sus encuestas electorales, como serían, por ejemplo, que las firmas encuestadoras cumplan requisitos de idoneidad, plasmados en una lista de cláusulas a cumplir determinadas por el contexto político-social-empresarial del país en cuestión (caso de Panamá y Costa Rica). Que las firmas encuestadoras tengan que registrarse ante el Tribunal Electoral (caso de Costa Rica, Panamá, Colombia y Honduras), en nuestro caso la Junta Central Electoral, y que este tribunal establezca los procedimientos científicos que deben regir las encuestas, al tiempo que, antes de cualquier publicación, tengan que entregar el estudio completo a dicho tribunal y este dar su veredicto sobre la robustez del estudio, lo cual termina por determinar su publicación o no (caso de México). Naturalmente, las leyes sin sanciones que penalicen su incumplimiento son disfuncionales. Las sanciones podrían ir desde multas hasta sometimientos por el Ministerio Público en caso de incumplimientos a lo establecido, y hasta más severo, como podría ser la clausura del medio de difusión de una encuesta “no calificada”.

¿Plantea quien suscribe el cese definitivo de la Guerra de Encuestas? No, ni nada parecido a eso. Pero si aspira a que la Guerra de Encuestas se de en un contexto de profesionalismo y responsabilidad, verdaderamente al servicio de la opinión pública y el electorado, y no un escenario donde manipuladores tengan oportunidad de publicar adefesios estadísticos, complacientes y desfigurados, en detrimento de un electorado que busca conocer el estado real del proyecto político de su dilección.