La idea de suprimir ministerios, refundir algunos y, a la vez, recortar drásticamente la nómina de viceministros y secretarios de Estado sin cartera, constituye una iniciativa necesaria y saludable para nuestra administración pública.

El Estado moderno no puede ser elafantiásico ni mucho menos infuncional.

Da la impresión, a menudo, de que el Estado dominicano tiene en su fuselaje muchas partes parasitarias que lo sobrecargan y lo hacen ineficaz.

Es lo que ocurre cuando algunas funciones o tareas se diseminan bajo la responsabilidad de tres, cuatro o cinco instituciones al mismo tiempo, pudiendo ser concentradas en una.

Es inteligente plantearse una reforma de la administración pública a partir del reconocimiento de esta realidad.

Y también es sano, para las finanzas del Gobierno, cortar de cuajo la vía abierta para que, por premio político o por cumplidos de amistad, se designen viceministros o secretarios de Estado sin cartera que no tienen ni despachos ni funciones y, tal vez, ni voluntad de dar un golpe por el progreso de su país.

Con un marco legal bien definido que indique la cantidad de viceministros o ministerios que debe existir, la práctica complaciente y dadivosa de repartir estos cargos tendrá que cesar, y los presidentes de la República se quitarán de encima una carga onerosa para sí mismos y para el Estado cuando no estén obligados a sobrecargar las nóminas públicas con estas designaciones innecesarias y costosas.