Acaba de anunciarse en Washington la próxima firma de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional que, de hecho, garantiza la continuidad de un conjunto de medidas destinadas a sostener el crecimiento de nuestra economía en los rangos óptimos que ha logrado en los últimos años.

 La ventaja de estos acuerdos es que el FMI tiene la suficiente capacidad para disciplinar  el manejo de la economía de una nación, tanto en lo que concierne al cumplimiento de las metas que implica cualquier modalidad de acuerdo suscrito como en el aspecto de la asistencia financiera internacional.

 El país tiene que estar preparado para aceptar, como un sacrificio necesario e impostergable, el plan de reducción de gastos del gobierno en lo que resta del año, como alternativa para disminuir el déficit fiscal y, en la medida de lo posible, acercarse a la meta prevista por las autoridades para el final de este período.

 Esto implicará una mayor austeridad, pero al mismo tiempo una mayor seguridad en el futuro, de que bajo un manejo controlado de los recursos, el Gobierno no sólo puede mejorar sus ingresos sino estar en condiciones de satisfacer exigencias fundamentales de la sociedad, sin riesgos de que la economía, que ha resistido los embates de una crisis mundial, siga creciendo a un ritmo satisfactorio como hasta ahora.

 De hecho, ya hemos experimentado una parte de esos ajustes desde el momento en que el Gobierno redujo 20 por ciento a los presupuestos de muchas entidades públicas dando cumplimiento puntual a las metas establecidas en el actual acuerdo con el FMI, en vías de renovación.

El FMI y otros organismos internacionales han reconocido la magnitud e importancia de estos avances y han alentado las esperanzas de que, bajo el esquema disciplinario implantado, la economía puede presentar al final del 2010 los signos de una mayor y sostenible recuperación.

 En definitiva, eso es lo que todos queremos, pero también que los impactos de ese crecimiento alcancen a los sectores menos favorecidos y que la mejoría se haga sentir en un mayor acceso a los bienes y servicios que dignifican y traen cierta felicidad a los ciudadanos.