Hará pronto dos años de la matanza de Paya, un atroz ajuste de cuentas del narcotráfico, y la justicia dominicana parece paralizada de miedo ante ese caso.

No ha habido ni siquiera una pulgada de avance en el proceso judicial, lo cual suscita ya muchas sospechas.

¿Qué está pasando? ¿Por qué la justicia dominicana se ha demorado tanto en entrar en el fondo del caso y decidir las penas correspondientes si tiene ya a la mano las pruebas, los acusados y todas las evidencias reales del horrendo suceso? Desde que los sospechosos fueron apresados y llevados a la cárcel (no otra cosa podía esperarse en ese momento) el proceso se ha dilatado enormemente y las veces en que se reanudan las audiencias, cualquier tontería procesal la hace suspender de inmediato.

O hay presión subyacente, inevitable, sobre los jueces, o los jueces no se están dando cuenta de que en la medida en que mantienen este caso en el limbo, la sociedad asume el derecho de interpretar esa lentitud (por no decir dejadez) en enfrentar responsablemente, con las armas de la ley, ese episodio criminal que conmovió a la nación hace dos años.

Cuando el sicariato y el narcotráfico perciben miedos, actitudes dubitativas o escurridizas en las autoridades que deben enfrentarlos, es poco lo que se puede hacer para detener su sangrienta y progresiva expansión en nuestro país.