Una conspiración en pie contra el país

La Constitución se define a sí misma como la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado dominicano.

 Y en atención a ese principio ha proclamado que República Dominicana es una nación soberana, con un Estado libre e independiente de todo poder extranjero.

 Y taxativamente señala que “ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución”.

 Teniendo muy claros estos preceptos, resulta inaceptable que instituciones o países se hayan confabulado para desconocer, rechazar y pretender imputarle visos de ilegalidad a la libérrima decisión del Tribunal Constitucional de ratificar, en su histórica sentencia sobre la nacionalidad dominicana, lo que la propia Constitución ha establecido, en su artículo 18, para decidir quienes son dominicanos y dominicanas.

 En una coyuntura como ésta, en la que intervienen, irónicamente, países que consuetudinariamente ignoran o atropellan derechos humanos fundamentales, se está incubando una malévola conspiración internacional para empujar al presidente Danilo Medina a interferir en los demás poderes del Estado, pero concretamente el judicial, con la finalidad de hacer cambiar el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional.

 Jamás podemos permitir, como pueblo libre e independiente, esta desembozada conjura que, para colmo de los colmos, se afinca en equivocadas y retorcidas premisas sobre situaciones que el Tribunal Constitucional no ha creado, comenzando por la falacia de que dicha sentencia “despoja de la nacionalidad” o “desnacionaliza” a ciudadanos extranjeros que se  han radicado en el país.

 Tan lejos ha llegado esta mentira que ya los países del Caricom han pretendido caerle arriba a esta nación con pronunciamientos críticos sobre la sentencia, incurriendo en una flagrante injerencia en nuestros asuntos internos y, más que nada, en el sagrado principio de la soberanía que ampara el accionar de cada uno de los poderes del Estado dominicano.

 La cuestión será llevada ahora al seno de la Organización de Estados Americanos, la misma entidad que se prestó para apadrinar la intervención militar de Estados Unidos y otros países de América Latina y la misma que, frente a groseras violaciones del orden constitucional en otras naciones, ha actuado con inexplicable tibieza o indiferencia, con el propósito de promover condenas o actos que en el fondo implican estigmatizar el libre derecho que tenemos, como país, a tomar nuestras propias y convenientes decisiones, siempre y cuando no representen daños económicos, enajenación de patrimonios, agresiones militares o suplantación del orden institucional en perjuicio de otras naciones.

 Nada de esto ha acontecido con el sentido y el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional.

 Por tanto, rechazamos con vigor estos intentos que se ejecutan para desconocerle al país sus soberanas potestades, cuanto más si la susodicha conspiración ha sido ensamblada sobre la base de mentiras, inexactitudes y malsanas interpretaciones sobre la histórica sentencia acerca de la nacionalidad dominicana.